Sunday, December 11, 2011

Una alternativa a enviar granaderos tras la nulidad judicial de la Supervía


¿Cuántas veces han salido las constructoras OHL y COPRI a defender la Supervía en los medios?

Yo nunca los he visto.
                                                                                   
Quizá el único es Gabriel Quadri que defiende a la Supervía con la cachucha de “líder de opinión”, y no como presidente de SIGEAla consultora que hizo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Cuando tres magistrados de manera unánime declararon nula la Manifestación de Impacto Ambiental de la Supervíalos que salieron en la defensa de la obra fueron la Secretaria del Medio Ambiente y la Consejera Jurídica


También, salió Marcelo Ebrard enviando a granaderos en la madrugada del domingo, después del temblor, para resguardar los árboles que faltan por talar, estableciendo sus prioridades y reiterando a jueces y sociedad: la Supervía “va porque va”. Aunque sea ilegal.


Hace un año en una entrevista de radio, Carlos Puig fustigaba a Luis Miguel Cano (abogado de Litiga OLE) y Rafael Martínez (activista del Frente Amplio contra la Supervía): “¿qué pasa si pierden el juicio?…¿se van a ir?” Puig no los dejaba ni contestar y volvía a preguntar. Quisiera que con la misma vehemencia alguien le hiciera esa pregunta al Jefe de Gobierno.

Si los mayores beneficiarios de la Supervía son las empresas: COPRI y OHL, ¿por qué sólo los funcionarios del GDF salen a defenderla, arriesgándose a una sanción administrativa por no acatar órdenes judiciales?, ¿le estarán apostando a la impunidad gubernamental estilo GoberPrecioso, Moreira, Bejarano o a los hermanos Larrazabal?

Se puede especular mucho, pero una de las respuestas está en los hechos: El GDF defiende esta obra porque le interesa mucho. Esto suena a una perogrullada, pero ayuda a discutir sobre la institucionalidad de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Las MIAs se inventaron hace unos tres sexenios con el fin de que las constructoras en su voracidad no destruyeran la naturaleza. Cada construcción tiene que tener una MIA donde se analice cómo se afectará el ecosistema y cuáles son las medidas de mitigación. Las constructoras contratan a Consultoras Ambientales para hacer sus MIAs. Parte sustancial del contrato incluye que la MIA salga positiva en la autorización que el gobierno (federal o local) tiene que dar.

Ahora bien, si el gobierno está interesado en que se haga la obra (como el GDF con la Supervía), su objetividad para evaluar la MIA es igual a la de las constructoras y las Consultoras Ambientales: nula.

Si la evaluación fuera homogénea sería menos grave, pero cada ecosistema es diferente y las MIAs evalúan múltiples factores ambientales y sociales. El peso específico de cada factor de la MIA lo pone la Consultora Ambiental, lo que puede generar diferentes opiniones. Como ejemplo, para unas personas el hecho de que la Supervía esté afectando la infiltración de agua al acuífero puede ser muy grave, pero para otras puede ser despreciable.

Pero si estos valores los pone la Consultora Ambiental que se le paga para que la MIA “apruebe” la evaluación y el gobierno, interesado en la obra, la revisa, es claro que la subjetividad está jugando un papel importante.

Como resultado, las MIAs se han convertido en un campo de negociación entre el gobierno y las constructoras, en lugar de ser un instrumento de protección ambiental.

Gracias a esto, muchas de las Consultoras Ambientales han crecido, no por la calidad de sus estudios sino a partir de las relaciones públicas con los gobiernos y las constructoras. Véase que la propia SIGEA anuncia sus ventajas comparativas y competitivas "en el extenso tejido de las relaciones personales de sus socios fundadores, de sus asociados y del personal técnico que en ella labora".

La Auditoría Superior de la Federación ya detectó este problema y levantó una sanción a SEMARNAT por su deficiente trabajo al evaluar MIAs, que destruían  manglares en las costas de México. Y se evidencia en un seguimiento periodístico de las MIAs de gasolineras y obras en el DF que presentan el mismo problema.

Es natural que exista este tipo de conflicto de intereses en actividades humanas. Pasa incluso en la academia. Por ejemplo, la formación de un estudiante de doctorado involucra la realización de un proyecto que le interesa a su tutor, quien empuja a que el estudiante sea aprobado. Esto genera un conflicto de interés en el tutor que tiene que evaluar a su estudiante y a la vez quiere que se haga su proyecto.

Para solucionar esto, se forman comités colegiados con varios investigadores expertos en el tema que evalúan al estudiante, pero son ajenos al proyecto del tutor. De esta manera, se evita que el conflicto de interés natural en la relación alumno-tutor esté por encima de la formación objetiva del estudiante.

Si esto se puede hacer en una acción que sólo afecta a un par de personas, es fundamental hacerlo para las MIAs de construcciones que afectan de manera directa a millones de personas, como la Supervía.

Por ello, es necesario cambiar las leyes y evitar que las personas que tienen un alto interés en que se haga una obra (los gobiernos y las constructoras) sean juez y parte. Podemos comenzar con la Supervía.

Ya que la MIA está anulada por el Tribunal, exijamos que se detenga la obra hasta que se realice otra MIA. Ésta deberá ser evaluada no sólo por el GDF, sino también por un cuerpo colegiado de expertos ambientales. Pueden ser académicos de diferentes universidades que conozcan el ecosistema, y que no tengan conflicto de interés con la construcción.

De esta forma, estaremos evitando que el conflicto de interés natural en la relación constructoras-GDF esté por encima de los impactos sobre la naturaleza y la sociedad.

Esta es la consulta pública que muchos ciudadanos, junto con la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Senado, hemos pedido.








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