Thursday, July 28, 2011

Los cimientos políticos para la destrucción de Cuernavaca en favor de las constructoras

Me tomo un descanso de las Joyas de la MIA de La Supervía para re-publicar una carta hecha por el Dr. Raúl García Barrios sobre lo que está pasando en Cuernavaca.

Esta carta la escribió Raúl el 15 de Julio sobre cómo se busca quitarle el poco poder que tienen los ciudadanos que quieren proteger su ciudad contra la especulación y las constructoras. Es un buen ejemplo de lo que está pasando en este país: para los gobiernos actuales (de cualquier partido) lo que importa es construir a como de lugar, pero no importa la calidad de vida, los ecosistemas, los derechos humanos e incluso si las construcciones que tanto cacarean se utilizan. A continuación reproduzco la carta.

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Lamento muchísimo ser el portador de esta pésima noticia para la ciudadanía, para nuestra ciudad y para sus ecosistemas, y los invito a que la extiendan por todo su ámbito de acción 

Queridos amigos,

Ayer viernes en la tarde, alrededor de las 7 p.m., el sector gubernamental de Morelos en pleno (federal, estatal y municipal) del Órgano Ejecutivo del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuernavaca (POET) votó en bloque y sin discusión abierta alguna una serie de medidas de reforma del programa. La reforma deroga todos los criterios que prohíben o regulan el desarrollo de infraestructuras privadas y públicas en el área de protección ambiental del municipio. Entre los criterios derogados están el Criterio Administrativo 3 que prohíbe el desarrollo de obras e infraestructuras en bosques y barrancas protegidos, y el Criterio Administrativo 10 que regula el desarrollo de obra o infraestructura pública al someterla a los principios precautorio y de certeza científica. Estos dos criterios tienen su origen en las luchas ciudadanas de los últimos años por proteger el medioambiente de Cuernavaca, tienen su base en la legislación nacional e internacional y fueron establecidas como herramientas muy importantes para proteger los muy maltrechos bosques, manantiales, ríos y barrancas de la ciudad. Son mecanismos para hacer valer nuestro derecho humano al medioambiente adecuado, protegido por la Constitución. La reforma invierte, además, el orden de prioridad legal entre el POET y el Programa de Desarrollo Urbano (PDU). De acuerdo a la Ley, el PDU debe estar subordinado al POET; la reforma invierte la polaridad, y somete el POET a un Programa de Desarrollo Urbano completamente anacrónico y fuertemente agresivo al medioambiente.

Los hechos ocurrieron en una reunión cerrada citada apenas ayer a las 5 p.m., y a la que se impidió estrictamente el paso a cualquier individuo ajeno al Órgano Ejecutivo. Cabe mencionar que este es un hecho sin precedente en los tres años de operación del mismo órgano. También es importante señalar que durante la semana pasada se acordó que la reunión del Órgano Ejecutivo tendría efecto hoy viernes a las 9 a.m., y que dicha reunión fue suspendida unilateralmente por la autoridad municipal para dar paso a esta reunión vespertina con el único propósito de reducir la participación del sector ciudadano y académico. Por cierto, éste es el último de una serie de procedimientos legaloides francamente repulsivos utilizados por la administración de Manuel Martínez Garrigós para erosionar esta participación, que incluye la suspensión unilateral (amparada en una interpretación amañada de la Ley) de las reuniones del Órgano Ejecutivo por más de un año, la eliminación del órgano ejecutivo elegido al inicio de su administración, el rompimiento de la paridad acordada entre el sector gubernamental y el ciudadano (hecho que fue decisivo en esta votación), la aprobación de medidas disciplinarias absurdas de aplicación efectiva sólo para la ciudadanía, pues podían ser violadas sistemáticamente por el gobierno sin consecuencia para ellos.

El documento aprobado por el Órgano Ejecutivo incluye en su texto una importante cantidad de motivaciones y reformas, algunas de gran complejidad jurídica. Ante esto, en mi calidad de representante de la UNAM, solicité al secretario del órgano, Lic. Rogelio Sánchez Gatica, representante del Alcalde de Cuernavaca ante el COET, la oportunidad para todos los presentes para estudiar las reformas y así poder emitir una opinión justificada acerca de su pertinencia. Esto me fue negado; en cambio, operó la caballada característica de los modos de operación tradicional PRIísta (y los acuerdo políticos establecidos con los gobernantes políticos PANistas en el poder estatal y federal).

Con este acto, además, se extingue el último de los espacios oficiales de participación ciudadana efectiva creados durante la ventana de "esperanza democrática" abierta en el 2000. Estos espacios fueron creados a iniciativa de la ciudadanía organizada y fueron fuertemente defendidos por el movimiento ambiental durante los últimos 11 años. Dieron a nivel local origen al Manifiesto del Agua de Cuernavaca, al POET vigente y al Programa de Desarrollo Sustentable de Cuernavaca (todos ellos convertidos ahora en letra agonizante), y permitieron el desarrollo de algunas estrategias de lucha medioambiental cruciales para los logros obtenidos en la defensa de la Barranca de los Sauces, Loma de Mejía, Manantial Chihuahuita, Cementera Moctezuma y recientemente el Parque Tlaltenango. Con la pérdida de estos espacios se pierde la oportunidad de mantener el contacto directo y permanente de las organizaciones sociales y académicas autónomas con las autoridades, lo que evidentemente aumenta la probabilidad de que la adversidad se convierta en conflicto y el conflicto en violencia potencial contra de la ciudadanía.

 Todos tenemos claro que detrás de este "golpe" en contra de la razón y el derecho humano están varios intereses. Destacan la construcción del libramiento norponiente y la posibilidad del desarrollo de la "nueva ciudad de Cuernavaca" en el poniente de la ciudad. Estos desarrollos han sido fuertemente cuestionados desde la ciudadanía, algunas comunidades y ejidos y la academia. El POET fue originalmente diseñado para permitir a estos amplios sectores ciudadanos la posibilidad de conocer y discutir libre y ordenadamente los argumentos en pro y en contra de estos proyectos, y tomar una decisión colectiva democrática regida por la razón y la justicia medioambiental. La reforma aprobada hoy anula completamente esta posibilidad y da pié a que operen muchos de los mecanismos que caracterizan a la profundísima corrupción del sector medioambiental del gobierno mexicano, que ha establecido desde hace años un “Mercado de la Ley” como uno de los componentes más evidentes de la captura y desviación del poder del Estado en nuestro país. Dicho “Mercado de la ley” afecta a toda la normatividad ambiental mexicana, y motiva a las instancias de gobierno encargadas de proteger el derecho al medioambiente adecuado a actuar más como defensores de los promoventes de los proyectos de inversión que como defensores de los ecosistemas. En el “Mercado de la Ley” impera el poder económico y el interés de corto plazo de funcionarios.

El libramiento norponiente es sólo un ejemplo de la operación de este mercado. Durante los últimos años, las autoridades federales y de varios estados del centro de la república han tomado la decisión de autorizar la construcción de autopistas que atravesarán —fragmentándolas— varias áreas naturales protegidas o zonas de alta importancia hídrico-ambiental, y que también crearán una enorme inversión en su construcción y operación --con gigantescas ganancias privadas--, "generarán empleos" (cómo si fuera la única forma de hacerlo), incrementarán los ingresos fiscales de estados y municipios (lo que se haría con muchísima más efectividad con una reforma fiscal adecuada, que tasara al capital, los dividendos y la renta como en cualquier país latinoamericano o la OCDE), inducirán una imagen pública favorable al voto electoral y probablemente brindarán a las mismas autoridades importantes oportunidades de enriquecimiento personal ilegal. En sentido estricto, esta infraestructura está impedida por la Ley o por lo menos ampliamente regulada, pues en el largo plazo ninguno de esos "beneficios" alcanza a pagar los costos que la destrucción de los ciclos hídricos, los ecosistemas y las comunidades biológicas impondrá sobre el bienestar del pueblo mexicano. Sin embargo, los funcionarios que ejercitan su autoritarismo a través del “Mercado de la ley” lógicamente han optado por buscar todo tipo de mecanismos para “vender” la evasión de estos impedimentos y regulaciones en detrimento del medioambiente, la biodiversidad y los recursos naturales.

México cuenta con poquísimos municipios (menos de cincuenta de más de 2500) con un ordenamiento ecológico del territorio local. Este golpe trasciende a Cuernavaca, pues da cuenta de la debilidad efectiva de este instrumento de política medioambiental y la disposición del gobierno federal para violentar sus propios acuerdos y disposiciones cuando así conviene al interés económico.

Un párrafo para el esperanza. La votación de ayer no significa que "todo está perdido". La reforma del POET tiene todavía que pasar por el filtro de muchos mecanismos que obligan a la autoridad a convocar a la "consulta" pública. Desafortunadamente, el modo en que operen estos mecanismos queda en manos de la autoridad, y los métodos utilizados ayer nos permiten apreciar que ésta no pretende permitir un verdadero debate. Sin desatender este frente, la ciudadanía organizada deberá desarrollar aún más otros métodos de lucha adecuados al propósito. Con afecto, Raúl García Barrios Representante de la UNAM Órgano Ejecutivo POET

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